Revolución Nacional de 1952 más allá del MNR

 Kim Young-Hyun Inti

            Analizando la historia política boliviana de la Revolución Nacional de 1952 a 1982, el historiador James Dunkerley preguntaba en 1984, “[S]i el desorden es tan prevaleciente, ¿no será éste el orden mismo? ¿Acaso no puede haber un sistema en el caos? ¿No debería entendérselo más como continuidad y menos como interrupción?”[1] Estas preguntas quieren provocar intereses investigativos en caos y desorden de la política boliviana que debe ser analizada en los términos de sus propias dinámicas de procesos y relaciones políticos que han dado forma a la historia del país. Con frecuencia se habla de “la ausencia de un Estado hegemónico” en la Revolución Nacional como un problema político. Es decir, no ha existido en Bolivia un Estado con la capacidad de implementar cambio social, democracia e institucionalización política que producirá un Estado-Nación homogéneo. Pero hay que reconocer que el Estado no es el único sitio del orden, especialmente en el contexto boliviano, donde actores no estatales han desempeñado roles cruciales y decisivos en varios momentos históricos.

Hay que evitar sobreestimar la capacidad del Estado para determinar el curso del desarrollo político y cambio social y para manufacturar el “consenso ideológico.” Aunque Antonio Gramsci (probablemente el primer teórico político que reflexionaba sistemáticamente sobre la importancia de formación ideológica como parte central de “hegemonía”), teorizaba ese consenso, combinado con coerción física, como integral al poder hegemónico, muchas notas suyas sobre la historia y política de su país (Italia) y Europa desde la Revolución Francesa al surgimiento del fascismo señalan que la formación política del Estado y de la sociedad en cuanto a la cuestión de lo nacional involucra procesos complicados de negociación y contestación entre varios actores y grupos tanto estatales como no estatales.[2] Estos procesos dependen de la combinación de varios elementos coyunturales que afectan la formación de alianzas, coaliciones, luchas, peleas, reconciliaciones y tensiones políticas que se expresan en las formas concretas de actos políticos pertinentes a las coyunturas. Antropólogo histórico William Roseberry, por tanto, propone que hay que analizar la hegemonía como un proceso de “política contenciosa,” estructurado por un lenguaje político común, o “marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos.”[3] En otras palabras, es analíticamente más productivo investigar el proceso hegemónico, en el cual actores estatales y no estatales se involucran de modos complejos (frecuentemente contradictorios), en vez de hegemonía entendida como una ideología y estructura dominante monolítica.

            Si un régimen revolucionario implementa reformas para cambiar la sociedad de un modo de transformación ordenada del Antiguo Régimen, tendría que enfrentarse a los diferentes grupos de interés que han luchado contra el sistema antiguo en sus propios términos. Durante las décadas de 1950-1960, el régimen revolucionario de Bolivia tenía que atender los mineros militantes y las grandes masas rurales, capaces de desestabilizar cualquiera apariencia de orden en las minas y el campo. El Estado revolucionario del MNR incorporó las demandas populares como la nacionalización de las minas, la abolición del pongueaje, la distribución de las tierras, la expansión de la educación pública y el voto universal. Estas reformas querían establecer un sistema estable de gobernación, pero inconfundiblemente no lograron su objetivo. Así fracasó la Revolución Nacional. Sin embargo, lo que genera la revolución es no solamente para establecer un nuevo sistema de gobernación, sino el proceso más amplio de movilización política que revela la naturaleza injusta del orden social existente y que conlleva un movimiento masivo contra injusticia. El cambio de régimen y reformas institucionales pueden ser productos de aquel proceso. Pero, no constituyen una revolución en y por sí mismos.

            En 1970, el politólogo norteamericano James Malloy caracterizaba la Revolución Nacional como una “revolución incompleta.”[4] Pero, ¿qué era la revolución que debería ser “completa”? Los colonos, los comunarios y los mineros de las décadas de 1930-1940 iniciaron sus luchas antes de que el MNR formuló su nacionalismo revolucionario que absorbió elementos sustanciales de los programas del PIR (Partido de la Izquierda Revolucionaria) para el cambio agrario y la demanda izquierdista de la nacionalización de las minas. Las luchas populares dieron forma crítica al proceso político que se hizo una revolución nacional. Los proyectos populares de autoemancipación se arraigaban en la larga lucha contra el sistema de opresión que los colonos, los comunarios y los mineros experimentaban en la forma concreta de la explotación en haciendas y las minas. En este sentido, hay que evaluar la Revolución Nacional de modo más complejo que ve más allá de la noción abstracta “movimientista” de lo nacional, formulada por teóricos del MNR como Carlos Montenegro, aunque obras históricas, periodistas y de ficción de Augusto Céspedes, otro teórico principal del MNR, capturaron elementos significantes de las sensibilidades políticas ampliamente compartidas en Bolivia.

Se puede definir, siguiendo la definición clásica en la ciencia social, la revolución social como una “rápida transformación básica del Estado y la estructura de clase de una sociedad” (Por el contexto boliviano, el término “clase” podría sustituirse por “casta” o “clase y raza”). Con frecuencia esta transformación estructural es “acompañada y seguida adelante por revueltas desde abajo.”[5] Pero las masas rebeldes no necesariamente se alinean con el Estado supuestamente revolucionario. Una pregunta crítica aquí no es “¿Cómo la revolución incorpora a aquellas masas?, sino “¿Cómo las respuestas populares divergentes a la política estatal determinan los procesos sociales y políticos que se desarrollan conforme a sus propias lógicas de acción, confrontación, movilización, negociación y contestación?” y “¿Cómo aquellos procesos se relacionan y chocan con el proceso estatal para moldear la política revolucionaria?”

            En el escenario político determinado por las movilizaciones masivas de los colonos, los comunarios y los mineros de la década de 1940 a principios de los años 1950, los actores decisivos eran las bases populares que incesantemente trastocaron, sabotearon y socavaron los sistemas opresivos a través de huelgas, ataques físicos a las haciendas y ocupaciones de las tierras y campos mineros. Estas acciones chocaron con el MNR que quería una transformación ordenada de la sociedad boliviana bajo control del Estado. Co-gobierno entre la COB y el MNR, control obrero en la COMIBOL y los sindicatos rurales eran los mecanismos, a través de los que el gobierno revolucionario intentaba incorporar a los mineros y los campesinos a su revolución, atenuando así el ímpetu revolucionario de las bases populares. En este sentido, la Revolución Nacional no difirió de otros proyectos políticos centrados en un Estado revolucionario en Latinoamérica, los que cooptaron a los sectores populares selectos al sistema de gobernación estatal. Como aquellos proyectos, la Revolución Nacional creó su propio orden jerárquico y reprodujo los vicios del antiguo régimen: clientelismo, corrupción, racismo, y, para noviembre 1964, el autoritarismo militar violento. A diferencia de los casos cubanos y mexicanos, donde los partidos revolucionarios se quedaron en poder por un largo periodo de tiempo, la política revolucionaria de Bolivia desde la década de 1940 en adelante se caracterizaba más por las acciones de las masas en el campo y las minas que desestabilizaron la gobernación estatal y convirtieron conflicto turbulento en un rasgo permanente de las relaciones entre el Estado y la sociedad.[6] El MNR capturó el poder en medio de la crisis política generada por los disturbios sociales de las décadas de 1930-1940, en los que ciertamente desempeñó un rol importante, forjando alianzas con mineros, conspirando golpes de Estado, participando en el gobierno militar-socialista y encabezando insurrecciones para derrocar a la Rosca. Su propia posición como gobernante después de 1952 no fue libre de estas dinámicas peculiares de la política revolucionaria que implicaron un desafío constante por parte de las bases incontrolables.

            En mayo de 1954, Víctor Paz Estenssoro decretó que todas las propiedades comunales, usurpadas por propietarios privados tras 1900, deberían ser devueltas a las comunidades (ayllus). A pesar de su priorización oficial de propiedades pequeñas y medianas, según historiadora Carmen Soliz, el MNR sabía que no podría silenciar a los comunarios que exigían la restitución de las tierras comunales, y no tenía otra opción que ser “más flexible en sus prácticas” de la implementación de la Reforma Agraria en el plano local, para que se mantuviera cierta apariencia de gobernabilidad.[7] Desde la década de 1940, los comunarios del altiplano no solo lanzaron huelgas de brazos caídos y otros actos rebeldes, sino también hicieron innumerables peticiones a los gobiernos provinciales, departamentales y nacional, exigiendo la restitución de las tierras comunales expropiadas por hacendados durante la época de expansión gamonalista de final del siglo XIX a la década de 1930. Esta lucha rural siguió aun después de 1952-1953, ya que muchos hacendados recalcitrantes utilizaron todos los medios posibles para demorar el proceso de la transferencia de las tierras. Incluso después de la declaración de la Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953, muchas comunidades siguieron peticionando al gobierno que, por su programa de convertir a los indios en campesinos con propiedades individuales, no quería promover la tenencia de la tierra comunal. Pero, la realidad era que el MNR no tenía capacidad efectiva para imponer su política agraria en el campo, donde los comunarios indios tenían su propia visión de la restitución de las tierras comunales y podían forzar al gobierno a cumplir con ciertos elementos centrales de su demanda. Por eso, la Reforma Agraria era más de “una política burguesa,” “un programa reaccionario” y/o “una imposición q’ara” si bien sus límites como un modo de emancipación política y social se dejaron inconfundibles para las décadas de 1970-1980, cuando intelectuales bajo la influencia indianista y katarista criticaban “el pongueaje político” que resultó de la política agraria del MNR y del “Pacto Militar-Campesino.”

            En cuanto a los mineros, un cambio en régimen político no les importaba mucho a menos que resultara un poder obrero con el que podría derrocar al Estado oligárquico (y, tras 1964, militar). La revolución de los mineros chocó con el Estado “revolucionario” que llegó a convertirse una continuación de la oligarquía “prerrevolucionaria.” Si bien el MNR pretendió incorporar la revolución obrera-popular a su sistema de gobernación a través de la nacionalización de las minas, su relación con los mineros manifestó la contradicción entre los intereses estatales para retener el poder y el radicalismo arraigado en las bases. Esta contradicción subyació la relación, cargada de tensión, entre el MNR y los mineros. El primero pudo marginar la posición radical que abogaba por la nacionalización de las minas sin indemnización a los ex dueños de ellas. Pero, las minas permanecieron incontrolables para siempre. Una nacionalización acompañada por control obrero y co-gobierno fue definitivamente un cambio importante para los mineros. Sin embargo, una revolución minera necesitaba más de la incorporación formal de obreros al sistema de gobernación.[8] En el contexto boliviano de revolución en los años 1950-1960, esa revolución significaba un poder de las masas mineras para afrontar, socavar y derrocar al Estado oligárquico que repitió la dominación, explotación y opresión rosqueras. El MNR cada vez más tuvo que contar con las fuerzas armadas (reconstruidas con la ayuda masiva de los EE. UU desde mediados de los años 1950) después de 1960 para que se mantuviera cierta apariencia de gobernabilidad en las minas. Este profundizó la división entre el MNR y los mineros, y resultó en varios choques violentos que provocaron al MNR a contar crecientemente en el militar para suprimir a los mineros. Combinado con el papel creciente del militar en pacificar el campo después de la “Ch’ampa Guerra” de Cochabamba en 1959-1960, estos desarrollos en las minas contribuyeron a la caída del MNR en 1964.

            Cuando Porfirio Díaz, que gobernó México de 1876 a 1911, se iba a su exilio a Francia el 25 de mayo de 1911 como resultado de presiones políticas de las frentes múltiples que, por un tiempo, fueron representados por Francisco Madero en el plano nacional, dijo famosamente a su general Victoriano Huerta, “Madero ha soltado al tigre, a ver si puede controlarlo.” En el caso de Bolivia de 1952, el tigre se soltó, compeliendo a las castas gobernantes a implementar ciertas reformas, incluidas las radicales, y el MNR cumplió con ellas por lo menos durante su primera gestión (1952-1956) en el poder. La coyuntura política de esa época era que cualquier grupo gobernando en el nombre del pueblo no podría negar la presión popular que exijo la transformación estructural en el campo y las minas. Cuando se implementó esta transformación en los valles cochabambinos, las comunidades altiplánicas, barrios urbanos y campos mineros (especialmente Catavi y Siglo XX en el norte de Potosí), su resultado fue fuertemente supeditado a las acciones que realizaron los actores locales en respuesta a las nuevas leyes y políticas provenientes del Palacio Quemada y del Congreso.

Sólo un ejemplo general. Después de que Gualberto Villarroel decretó que el pongueaje fue abolido en el Congreso Indigenal Nacional de 1945, muchos colonos y comunarios hicieron referencia a este decreto para justificar sus acciones rebeldes contra hacendados y autoridades locales, impulsando un proceso de revolución rural. Había conflictos entre los comunarios y los colonos subordinados a los hacendados. Había rebeliones explícitas de los comunarios y los colonos contra hacendados y autoridades locales. Había peleas intercomunales sobre el lindero de las tierras. Había indios campesinos que evocaron su derecho a la tierra sobre la base de los títulos que se remontaron a la época colonial española. Había aquellos que reclamaron su derecho a la tierra para acabar los 400 años de dominación colonial.[9] Si existía una visión de la liberación nacional en este campo de luchas populares, debería ser más de la noción totalizante de lo nacional opuesto a la antinación y su antítesis izquierdista centrada en la revolución socialista.

Si bien la Revolución Nacional dejó unos elementos ideológicos centrales al proceso político en Bolivia como estatalismo y mestizaje, hay que evitar analizarlos simplemente como productos de la imposición del MNR. El MNR nunca tenía tal capacidad para determinar el proceso político de un modo tan manipulativo y omnipotente. En lugar de eso, hay que preguntar, “¿Cómo el estatalismo y el mestizaje han seguido siendo corrientes ideológicas influyentes (y hegemónicas) a pesar de la ausencia de un poder político con capacidad impositiva de moldear la sociedad de un modo centralizador y homogeneizante?” Esto significa que hay que analizar las redes complejas de la formación de alianzas y pactos, su desintegración en ciertas coyunturas y relaciones políticas, sociales, sectoriales, interétnicas y de interclase y intercasta que revelan los intereses y objetivos concretos perseguidos por grupos heterogéneos y divergentes. La “Revolución Nacional” era un resultado político de la convergencia de aquellos procesos que en conjunto afectaron el proceso político que se hizo una revolución.

Hasta en los casos relativamente “exitosos” de la construcción estatal como en Cuba y México, según muchos historiadores, los significados concretos de la revolución para poblaciones ordinarias tenían que ver con las experiencias locales que determinaron varias respuestas políticas y sociales de localidades, regiones, grupos y sectores a la revolución que quería imponerse en el plano local pero cuya implementación dependía mucho de actores locales. Del mismo modo, será problemático analizar el proceso político en Bolivia desde 2000-2003 como algo que ha sido determinado solamente por el MAS y su “Proceso de Cambio” y noción abstracta de descolonización. Si bien las denominadas “pititas” y el gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez Chávez quieren reducir todo el proceso político de 2005-2019 a una obra de “MASismo narcotraficante, caudillista y dictatorial,” mostrando su ignorancia y falta de comprensión intelectual, ese proceso debe ser entendido como más complicado.

A diferencia de México, cuya revolución dejó aproximadamente a 2 millones de los muertos en 10 años de guerra sangrienta (1910-1920), la revolución boliviana en 1952 era relativamente no violenta. Pero, esto no significa la falta de radicalidad. La Revolución de 1952 como un proceso social era una historia muy dinámica y tumultuosa.

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[1] James Dunkerley. Rebellion in the Veins: Political Struggle in Bolivia, 1952-1982 (Verso, 1984), xi. Para aquellos que quieren ver la traducción castellana de este libro, véase las de Plural editores (2003 [1987]), o de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (2017).

[2] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks ed. Quintin Horace and Geoffrey Nowell Smith (International Publishers, 1971). Por la traducción castellana, véase https://kmarx.files.wordpress.com/2012/06/gramsci-antonio-cuadernos-de-la-cc3a1rcel-vol-2.pdf y https://kmarx.files.wordpress.com/2012/06/gramsci-antonio-cuadernos-de-la-cc3a1rcel-vol-1.pdf.

[3] William Roseberry, “Hegemony and the Language of Contention,” in Gilbert Michael Joseph and Daniel Nugent, Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico (Duke University Press, 1994), 361. Para la traducción castellana de este ensayo, véase “Hegemonía y lenguaje contencioso” en Aspectos cotidianos de la formación del Estado ed. Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (Ediciones Era, S. A. de C. V., 2002), https://www.scribd.com/doc/106407716/Gilbert-Nugent-Aspectos-Cotidianos-de-la-formacion-del-Estado.

[4] James M. Malloy, Bolivia: The Uncompleted Revolution (University of Pittsburgh Press, 1970).

[5] Theda Skocpol, State and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China (Cambridge University Press, 1979), 4. Por la traducción castellana de este libro, http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/10%20-%20Skocpol%2C%20Theda%20-%20Los%20Estados%20y%20las%20Revoluciones%20sociales%20%2812%20copias%29.pdf.

[6] Existen literaturas escolares excelentes (tanto cuantitativa como cualitativamente) sobre las revoluciones cubanas y mexicanas. Aquí cito solo unas obras disponibles en castellano. Sergio Guerra y Alejo Maldonado Gallardo, Historia de la revolución cubana (Txalaparta, 2009); Joseph y Nugent, Aspectos cotidianos de la formación del Estado; John Womack, Zapata y la revolución mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2017 [1968]).

[7] Carmen Soliz, ‘“Land to the Original Owners’: Rethinking the Indigenous Politics of the Bolivian Agrarian Reform,” Hispanic American Historical Review 97, 2 (2017).

[8] Guillermo Lora, “La clase obrera después de 1952,” en René Zavaleta Mercado, Bolivia, hoy (Siglo Veintiuno Editores, 1983), 181-182; René Zavaleta Mercado, El poder dual en América Latina. Estudio de los casos de Bolivia y Chile (Siglo Veintiuno Editores, 1974), 90-96.

[9] Obras de Jorge Dandler, Laura Gotkowitz, Roberto Choue Canqui, Silvia Rivera Cusicanqui y muchos otros historiadores demuestran la complejidad de las luchas rurales en esta época de “una revolución antes de la revolución”