Aprovecharse del pánico: la táctica de los agroindustriales para exigir más transgénicos
Por: Martha Irene Mamani[1]
Los agroempresarios han
cultivado en el imaginario colectivo que son los gestores de un modelo agrícola
exitoso que exporta y garantiza la seguridad alimentaria del país. A partir de
esta narrativa han naturalizado la captura de recursos públicos a su favor.
Hoy, frente a la crisis de Covid-19, se repite la historia y de manera más
descarnada.
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Aprovechándose de la
pandemia de Covid-19, la élite agraria cruceña una vez más arremete para
beneficiarse del Estado. Esta vez está en su mira la aprobación gubernamental
para más cultivos transgénicos y los fondos de reactivación para los sectores
económicos afectados por la cuarentena. Básicamente, pretende aprovecharse de
la crisis sanitaria para captar recursos y políticas públicas con el
justificativo de que son los que garantizan la seguridad alimentaria y que
generan empleos y divisas por exportación. En realidad, su relación con el
Estado es una larga y permanente historia de codependencia que se traduce en
negociaciones y favoritismos. El Gobierno transitorio se ha convertido en su
máximo aliado y, ahora a pasos agigantados, pretende imponer políticas
estructurales a favor del agro a gran escala.
Primero, el 2017 la
élite agraria demandó usar los fondos de pensiones para el rescate de los
soyeros endeudados. El Gobierno anunció disponer de alrededor de 150 millones
de dólares para ese propósito que no tardó en despertar una fuerte oposición
social. El 2018, comenzaron a exigir con fuerza el uso de “biotecnología” y el
Gobierno cedió inaugurando la “la era de los biocombustibles”, prometiendo una
inversión pública-privada de 1.400 millones de dólares. El año 2019 presionaron
por una autorización estatal expedita para más cultivos y variedades de soya
transgénica. En repuesta, el Gobierno de Morales se comprometió a respaldar la
ampliación de 250.000 hectáreas y allanó el camino para el uso de dos nuevas
semillas transgénicas de soya: HB4 e intacta (Decreto Supremo 3874). El mismo
año exigieron libertad expedita para la agroexportación, logrando su propósito
con la aprobación del Decreto Supremo Nº 3920 que amplía hasta el 60 por ciento
las cuotas de libre exportación de soya. El último año, 2020, Jeanine Añez
decretó “liberación total” de las exportaciones.
Segundo, la elite
agroindustrial pretende salvar al país de la futura crisis alimentaria y
económica y, a cambio, tiene una extensa lista de nuevas demandas. Sabe que el
gobierno transitorio es su aliado y patrocina abiertamente sus pedidos. Durante
los días de cuarentena, los agroindustriales están en campaña para que la adopción
de más transgénicos sea una de las medidas económicas estructurales. “Ya no podemos competir sin los
transgénicos”, fueron las palabras del Ministro de Economía, José Luis Parada,
en el XII Foro Económico "Desafíos de la economía y efectos del Covid-19"
del 23 de abril. El gobierno ya dispuso medidas económicas urgentes como la
suspensión del pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas e
implementará una política tributaria de incentivo. Detrás de la cara bonita de
bonos sociales, los recursos públicos se están desviando silenciosamente a
favor de las elites sectoriales y regionales, en detrimento de la pequeña
agricultura familiar.
Recientemente, la
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la asociada fachada
de los grandes soyeros, se reunió con el Ministro Arturo Murillo y la autoridad
se comprometió públicamente a hacer de mensajero para depositar en manos de
Jeanine Añez la larga lista de demandas. Además de pedidos reiterados de
semillas transgénicos de soya, maíz, caña de azúcar y algodón, la lista incluye
la otorgación de créditos productivos y la restitución del 60 por ciento de esa
cartera, una línea de crédito de capital operativo a cinco años plazo con un
año de gracia, 540 millones de dólares para el sector agropecuario, arancel
cero para la importación de insumos agrícolas, entre otras exigencias. Por
supuesto, la lista de pedidos que se negocia es confidencial.
A manera de conclusión,
los agroindustriales están sacando provecho del caos y desorden de Covid-19. Se
mantienen fieles a su larga tradición de capturar y desviar para sí los
recursos públicos. Los grandes agropecuarios viven a costa del Estado, es
decir, a costa de los bolivianos. El cuestionamiento de fondo es, ¿vale la pena
gastar fondos públicos para un sector que dice ser exitoso pero acostumbrado a
extender la mano? La agricultura a gran escala está a punto de convertirse en
el gran ganador de la crisis Covid-19, sobre todo si la población boliviana
sigue callada.
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